[ubuntu-ec] El Estado fuerte y la criminalización a los movimientos

[cornelio sacaquirin]

 *El Estado fuerte y la criminalización a los movimientos*

Raúl Zibechi<http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Ra%C3%BAl%20Zibechi&inicio=0>
Programa de las Américas

La consulta popular del próximo 7 de mayo enfrenta al gobierno de Rafael
Correa con la mayor parte de los movimientos sociales, con una nueva
izquierda desgajada del gobierno y también con la derecha tradicional. No
están en debate ni las explotaciones mineras y petroleras ni la defensa del
medio ambiente, sino el deseo del gobierno de construir un Estado más
centralizado y poderoso.

 “No crean a los ambientalistas románticos, todo el que se opone al
desarrollo del país es un terrorista”. Esa frase fue pronunciada por el
Rafael Correa en cadena nacional en rechazo al paro indígena en la provincia
amazónica de Orellana el 1 de diciembre de 2007. El 26 de noviembre se había
iniciado una protesta social en la parroquia de Dayuma, provincia de
Orellana, por el retraso en las obras de agua potable, electrificación y
vías terrestres que se arrastraba desde el anterior gobierno. Correa había
asumido el 15 de enero de 2007.

La reacción del gobierno ante el corte de una carretera que conduce a un
pozo petrolero, fue declarar el estado de emergencia por “grave conmoción
interna”. Se ordenó la movilización militar y se activó la jurisdicción
militar para enjuiciar civiles. Las fuerzas armadas decretaron el toque de
queda y prohibieron cualquier manifestación o reunión. El 30 de noviembre el
ejército ingresó violentamente en los domicilios de los habitantes de Dayuma
rompiendo las puertas y se detuvo a 25 personas que figuraban en una lista
que llevaban los militares.

Según denuncia de los organismos de derechos humanos, todos ellos fueron
maltratados, interrogados sin presencia de abogado defensor y amenazados de
“ser violados sexualmente”. El Comité de Derechos Humanos de Orellana
informó que uno de los detenidos debió ser hospitalizado tras las torturas y
que todos los detenidos “estaban golpeados, con señales de golpes en el
rostro, puntapiés, y que habían sido amarrados con bandas de caucho”. Al
parecer, ese es el trato que merecen los “terroristas”.

El 1 de febrero de 2011, José Acacho González, presidente de la Federación
Interprovincial de Centros Shuar, fue detenido junto a otros dos dirigentes
acusados de terrorismo. El operativo militar incluyó el uso de un
helicóptero y agentes con el rostro cubierto por pasamontañas. En setiembre
de 2009 los indígenas shuar se habían movilizado contra el proyecto de Ley
de Recursos Hídricos, en el marco de la implementación de megaproyectos de
minería a cielo abierto en territorios indígenas por empresas
multinacionales. En esa movilización hubo una fuerte represión policial y
murió el profesor shuar Bosco Wisuma. Desde un primer momento Correa acusó a
los indígenas de la muerte.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales
(CDES) consideraron que “asimilar a los indígenas shuar, movilizados en
defensa de sus derechos, con el ‘terrorismo’ menoscaba gravemente los
principios internacionales en materia del derechos a la protestas y
contraviene la definición internacional de lo que constituyen actos
terroristas”.

* Golpistas y “terroristas” *

En la edición de enero de *Le Monde Diplomatique* Cono Sur, aparece una
larga entrevista de Ignacio Ramonet a Rafael Correa. A lo largo de cuatro
páginas el presidente de Ecuador asegura que el 30 de setiembre hubo un
golpe de Estado frustrado, aunque no explica las razones de esa afirmación.
“Quien lo duda es esa prensa corrupta que no busca la verdad”, dice Correa .


En su opinión el inspirador del golpe fue el partido Sociedad Patriótica del
ex presidente Lucio Gutiérrez y sectores de la derecha estadounidense,
aunque reconoció que “hubo una gran muestra de solidaridad del Departamento
de Estado de Estados Unidos”. Cuando se le pregunta si están identificados
los líderes del golpe, menciona “dos oficiales y un hombre de tropa” que,
dice vagamente, “me parece que los tres incluso están fugados”. Dos meses y
medio después del “golpe”, dice “le parece”, sin precisar detalles de esos
tres “cabecillas”.

Toda su explicación del “golpe” es muy ideologizada y muy poco concreta.
Esta es una parte del diálogo en la cual el periodista le sugiere incluso
mayor represión:

* Ignacio Ramonet- Hay una frase de Trotsky que dice: ’La revolución
necesita el diálogo de la contrarrevolución’. ¿Piensa usted acelerar,
radicalizar, la revolución Ciudadana? *

Rafael Correa- Después de esto hay que ser mucho más contundentes, eficaces
y precisos para aplicar la Revolución Ciudadana en Ecuador (…) Tenemos que
poner mucho más énfasis, mucho más cuidado en la parte de seguridad, y en la
parte de reconstruir los mecanismos de inteligencia.

En ningún momento Correa se refiere a los golpistas –que provocaron la
muerte de 8 personas y 275 heridos y pusieron en riesgo el estado de derecho
y según el presidente su propia vida– con el calificativo de “terroristas”.

Ese término tan duro lo reserva para los dirigentes sociales que se oponen a
la minería y la expansión de la frontera petrolera, que cortan carreteras y
se manifiestan en defensa de sus territorios. En Ecuador hay 189 dirigentes
indígenas acusados de sabotaje y terrorismo .

* La Consulta: respuesta al 30 de setiembre *

La forma que asumió la respuesta del gobierno fue convocar una consulta
popular. La consulta tiene diez preguntas. Cinco de ellas suponen enmiendas
a la recién aprobada constitución. Las dos primeras pretenden sustituir la
caducidad de la prisión preventiva y restringir las medidas sustitutivas de
privación de libertad con el argumento de combatir la delincuencia. La
tercera impide que instituciones financieras sean propietarias de medios de
comunicación. La cuarta y la quinta modifican la integración de los máximos
órganos judiciales dando al Ejecutivo y al parlamento ingerencia en su
nombramiento.

Las otras cinco preguntas de la consulta son: penar el enriquecimiento no
justificado, prohibir las corridas de toros y los casinos y salas de juegos,
regular los contenidos de violencia, sexuales y discriminatorios en los
medios y penalizar a los empresarios que no inscriban a sus trabajadores en
la seguridad social. Como puede verse, las enmiendas a la Constitución son
cuestiones de fondo y de las otras cinco lucen oportunistas, incluso algunas
ya han sido legisladas.

El referendo tiene como principal ventaja que traslada las contradicciones
políticas al terreno en el que mejor desempeño tiene. En efecto, en cuatro
años de gobierno Correa ganó dos elecciones presidenciales y tres consultas,
una para convocar la Constituyente, otra para elegir sus miembros y la
tercera para aprobar la nueva Constitución. Todas por un margen amplio.

La legalidad de las preguntas fue puesta en cuestión pero la Corte
Constitucional falló en enero a favor de las preguntas propuestas por
Correa. La derecha anunció que votará No, igual que la izquierda y los
movimientos indígenas, aunque con matices. La consulta provocó rupturas y
alejamiento en el partido oficialista Alianza País. La derecha se articuló a
través de Cauce Democrático y está liderada por el ex presidente Osvaldo
Hurtado.

La izquierda tiene dos grandes alianzas. Una de ellas liderada por Alberto
Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex amigo personal de
Correa. Junto a varios disidentes del gobierno formaron el Frente de Defensa
de la Constitución Montecristi Vive. “Tenemos un gobierno y un caudillo con
rasgos autoritarios y de intolerancia”, dijo Acosta . “Un régimen
presidencialista, que ya concentra cuotas importantísimas de poder, quiere
más poder”, escribió Leonardo Orgaz Arce.

El segundo frente se llama Movimiento Participación y está liderado por
Gustavo Larrea, ex ministro de Gobierno y Seguridad de Correa. El grupo está
integrado por organizaciones de jubilados, estudiantes, comerciantes,
sindicalistas y militares retirados además de personas que provienen del
partido Pachkutik (vinculado al movimiento indígena) y del izquierdista MPD.
Las dos agrupaciones coinciden en que las reformas pretenden romper la
autonomía de la justicia. Para Correa son “traidores”.

* Criminalización de la protesta social *

“Cuando los plebiscitos surgen de una presión social popular, podemos
encontrar que han tenido una función política democrática, como cuando el
pueblo de Chile se manifestó por el ‘No’ frente a Pinochet y eso abrió un
cambio. Pero cuando tenemos este tipo de dirección impositiva desde arriba,
es un peligroso camino que ha terminado en el fascismo”; declaró el filósofo
Iván Carvajal, de la Universidad de Quito. Ecuatorianos de los más diversos
sectores temen una excesiva concentración de poder en Correa.

Alberto Acosta escribió días después de la detención de los dirigentes
shuar: “Destaca la ligereza en el uso de las acusaciones de terrorismo y
sabotaje. En estos últimos dos años se ha vuelto a esgrimir esta acusación
para enfrentar la protesta popular”. En su texto, quien fuera cercano
colaborador de Correa recuerda que la Asamblea Constituyente, el 14 de marzo
de 2008, amnistió a 600 personas acusadas de terrorismo porque “se han visto
en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos
naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente
sano y libre de contaminación”.

Sostiene que el extractivismo amenaza los territorios indígenas con sus
grandes proyectos mineros y petroleros. Pero asegura que los derechos que
consagra la Constitución aún no se han convertido en leyes que “erradiquen
todas aquellas prácticas represivas con las que se chantajea y siembra el
terror en las comunidades”. El artículo 160 del código penal considera
terroristas incluso a los que se manifiesten de forma pacífica y
“construyeran barricadas, parapetos, trincheras…”. Aunque el artículo 98 de
la nueva Constitución defiende el “derecho a resistencia” y protesta para
reclamar derechos.

Finaliza su texto alertando sobre el “terrorismo de Estado”. Quien dice
estas frases no sólo presidió la Asamblea Constituyente sino que fue uno de
los principales inspiradores del Buen Vivir (*Sumak Kawsay*), de los
“derechos de la naturaleza” y de la iniciativa Yasuní para dejar el petróleo
en tierra que le han valido el respeto en todo el mundo. Vale decir que esas
mismas iniciativas le han otorgado gran prestigio al presidente Correa entre
quienes a menudo desconocen la compleja relación que mantiene con los
movimientos.

* El retorno del Estado fuerte *

Entre los casi doscientos dirigentes sociales acusados de terrorismo y
sabotaje están Marlon Santi, presidente de la CONAIE, y Delfín Tenesaca,
presidente de Ecuarunari, las dos más importantes organizaciones sociales
del país, por su rechazo a la ley de aguas. En la misma situación está
Carlos Pérez Guartambel y otros cuatro dirigentes de la Federación de
Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA) por cortar rutas y manifestarse en
Victoria del Portete.

¿Porqué el gobierno de Correa acusa de terroristas a los movimientos? ¿Para
qué necesita un Estado fuerte, en el sentido que le da Correa, con un
perfeccionamiento de los mecanismos de control y vigilancia?

Los hechos reseñados hasta ahora no son desbordes represivos. La frase de
Correa que abre esta nota no fue un exabrupto. Forman parte de un nuevo
modelo político-económico que se está gestando lentamente y que tiene dos
puntas: el extractivismo, o la acumulación por pillaje como ha definido
David Harvey, y la subordinación de los movimientos sociales y, en caso de
no ser posible, su criminalización.

En la medida que los movimientos sean obstáculos para esta nueva economía
que convierte a la naturaleza en mercancía, deben ser no sólo reprimidos
sino culpados de negarse al desarrollo, lo que se ha convertido en un delito
mayor. En este discurso, desarrollo es algo diferente a lo que se entiende
habitualmente: se reduce a entregar las riquezas del país a las grandes
multinacionales para aumentar la exportación de commodities. Por eso hace
falta un Estado fuerte, para garantizar los contratos y la propiedad de las
empresas.

* Raúl Zibechi es analista internacional del semanario * Brecha de
Montevideo*, docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos
sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (*
*www.cipamericas.org/es
* * ). *

* Recursos *

Alberto Acosta, “El uso de la justicia como mecanismo de terror”, ALAI, 4 de
febrero de 2011.

Entrevista de Ignacio Ramonet a Rafael Correa, Le Monde Diplomatique, enero
de 2011.

Leonardo Orgaz Arce, “Consulta popular o la tentación del poder”, en Desde
Abajo, 24 de febrero de 2011, http://www.desdeabajo.info

Marlon Santi, “Respete los derechos indígenas”, Carta abierta al presidente
Correa, Agencia Intercultural de Noticias Indígenas, 25 de febrero de 2011.

  http://www.cipamericas.org/es/archives/4087
<http://www.cipamericas.org/es/%3Cwbr%20/%3Earchives/4087>
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